lunes 30 de noviembre de 2009

Planes Reguladores Comunales (PRC)

Municipios impulsan modificaciones en sus planos reguladores que verían la luz a contar de 2011:Los cambios urbanos en 15 comunas que afectarán a 3 millones de santiaguinos

Apuntan principalmente a renovar sectores, estimulando la construcción de edificios de departamentos, permitiendo la proliferación del comercio en sus áreas centrales y ampliando calles y avenidas. Hay otras que buscan preservar sus barrios.


ver
http://diario.elmercurio.com/2009/11/30/nacional/nacional/noticias/E55E34EF-4AFC-405A-BDBF-5DC78FE7D830.htm?id={E55E34EF-4AFC-405A-BDBF-5DC78FE7D830}

por RODRIGO SILVA

A contar del año 2011, casi la mitad de las 34 comunas de Santiago experimentarían significativos cambios urbanos que influirán en sus habitantes, es decir, en cerca de tres millones de personas.

Al menos 15 comunas están en distintas etapas de avance para modificar sus planos reguladores, los conjuntos de normas que definen qué, cuánto y cómo se puede construir en una comuna, entre otros aspectos.

En su gran mayoría pretenden fomentar la construcción de edificios de departamentos o condominios de casas en barrios que hoy lucen abandonados o deteriorados, o bien extender la facultad del municipio para expropiar viviendas y ampliar calles y avenidas que son importantes para la conectividad comunal. En varias comunas esto se entiende por la pérdida sostenida de habitantes que han sufrido en los últimos años debido a que no ofrecen barrios atractivos para las nuevas generaciones, según han explicado varios urbanistas.
En cambio, otros municipios con barrios consolidados, como Vitacura y La Reina, apuntan en la dirección opuesta, es decir, impulsan cambios en sus planos reguladores para evitar que se levanten más edificios en medio de sectores donde predominan las casas.
La mayoría está afinando detalles de sus propuestas antes de salir a la calle para someterse a la opinión de los vecinos. Pocos son los que ya pasaron esa etapa y ya entraron a tramitación en las instancias públicas, como las seremi de Vivienda, Transportes o la Corema.
Finalmente, deberán ser evaluados técnicamente por la seremi de Vivienda.
Cuatroaños ha demorado, en algunos casos, la aprobación de modificaciones a un plan regulador.
30días tienen, en promedio, los vecinos para dar sus opiniones. En fase de tramitación
Santiago. La idea del municipio es bajar las alturas máximas y regular las densidades habitacionales estipuladas en el actual plano regulador (de 1990) que no establece muchas restricciones a las alturas.
Ya cuentan con la aprobación de la Conama para incorporar al plan regulador el coeficiente de constructibilidad, un concepto que no existe en la norma para toda la comuna y que limitará las alturas desde la Alameda hacia el sur, por ejemplo en el área comprendida entre esa avenida y Bascuñán Guerrero, Blanco Encalada, 10 de Julio y Vicuña Mackenna; y los barrios del Club Hípico y el Parque O'Higgins.
Está por ingresar a la Corema el sector de avenida Matta-barrio Franklin, en el cual también se postula aplicar el coeficiente de constructibilidad para limitar el tamaño de los proyectos inmobiliarios.
Posteriormente, estos cambios serán informados a los vecinos para que entreguen sus opiniones, y luego éstas sean analizadas por el concejo municipal, el cual deberá votar la propuesta definitiva que irá a la aprobación final de la seremi de Vivienda.
Cerro Navia. Sólo les falta el visto bueno de Vivienda para prorrogar por cinco años la facultad del municipio para expropiar casas que actualmente interrumpen la continuidad de varias calles y avenidas importantes para la conectividad de la comuna.
Recién fue aprobado por la Corema el traslado de la población Las Viñitas, ubicada al final de la avenida Mapocho, para crear allí un barrio para 625 familias. 150 mil habitantes tiene la comuna, la más densamente poblada de la región. Viven 12 mil personas por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio metropolitano es de 6.000 habitantes por km {+2} .
Conchalí . Actualmente está en observaciones en instancias públicas, como la Corema, el proyecto del nuevo plan regulador, que comenzó a ser elaborado en 2004.
La propuesta ya fue entregada al municipio y pasó por las observaciones de los vecinos.
La idea es bajar la altura del centro cívico, ubicado en Dorsal con Independencia, y de otras áreas donde el municipio prefiere preservar la identidad de los barrios e incluso definir sectores con valor patrimonial.Proyectos en construcción
Maipú. Se evalúa aumentar la actual altura máxima de 15 pisos en el centro de la comuna, por ejemplo en la avenida 5 de Abril, donde se quiere crear un boulevard entre la futura estación del Metro y el Templo Votivo. También se quiere fomentar la construcción de departamentos en la avenida Pajaritos para responder al alza sostenida de habitantes en esa comuna, donde hoy viven 734 mil personas, la más poblada de la región.
Peñalolén. En marzo debieran estar listos estudios de capacidad vial y densidad de edificación para entonces proponer al concejo ampliar Las Perdices y un tramo de Vespucio, y además permitir la construcción de viviendas para sectores bajos y medio-bajos.
La Florida. Está tomando forma el proyecto que genere los cambios que permitan la instalación de más servicios urbanos y comercio en el sector circundante al paradero 14 de Vicuña Mackenna, que sirve como subcentro para el sur de Santiago.
También se propone reestudiar la densidad habitacional en la precordillera, por donde desaguan cinco quebradas al canal Las Perdices, que está entubado.
Independencia. Se acaban de licitar nuevos estudios de capacidad vial en esa comuna, donde se busca aumentar las alturas en los barrios donde proliferan los sitios eriazos, casas o galpones abandonados, para levantar departamentos y casas.
San Joaquín y San Miguel. Desarrollan anteproyectos para regular las alturas y recuperar sectores industriales para crear barrios.
Lo Barnechea. El urbanista Marcial Echenique está elaborando un plan maestro para la comuna.Ideas en pañales
Providencia. Un equipo técnico del municipio estudia la factibilidad de aumentar las alturas en las cuadras más cercanas a la salida del túnel San Cristóbal, en Pedro de Valdivia Norte.
Un grupo de vecinos ha pedido que se eleven las alturas máximas de edificación para vender sus casas a inmobiliarias y emigrar a otros sectores, debido a que la tranquilidad del barrio se habría perdido por el túnel.
Una solución que es resistida por otro grupo de residentes que pretenden preservar el barrio.
Quilicura. En 2010 la alcaldía pretende licitar estudios para crear un proyecto de plan regulador propio, ya que actualmente se rige por normas regionales. La idea es transformar terrenos industriales en nuevos barrios.Frente a los vecinos
La Reina. En diciembre parte el proceso de consulta a los vecinos sobre el nuevo plan regulador de la comuna, que quiere blindar los barrios residenciales ante la llegada de proyectos inmobiliarios.
Vitacura. Inmobiliaria Manquehue acordó con los vecinos de Santa María de Manquehue no construir grandes proyectos en ese barrio de carácter residencial.
Ahora el concejo municipal tiene que evaluar ese acuerdo para someterlo a las observaciones de los residentes.
Puente Alto. Se busca aumentar las densidades habitacionales de algunos sectores del centro de la comuna, como las avenidas Concha y Toro y Camilo Henríquez, para fomentar la construcción de departamentos. Actualmente allí la altura máxima es de 20 pisos, pero las densidades obligan a construir departamentos de 400 metros cuadrados, lo cual es inviable para la comuna.
Respecto de las vías estructurantes, las modificaciones están en la etapa de consulta a los vecinos, para ver la luz posiblemente a fines de 2010.
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lunes 16 de noviembre de 2009

Carta a Cine Hoyts La Reina de Pdte. Junta de Vecinos n° 4



Como vecinos(as) de La Reina y de la Junta Vecinal que presido, respaldamos la labor de entretención y difusión que realiza Cine Hoyts desde hace ya 10 años en sus salas de Av. Ossa esquina Simón Bolívar.



No obstante, como comunidad también queremos representarles algunas de las incomodidades derivadas del funcionamiento de los cines, especialmente durante los fines de semana, puesto que desde hace unos tres años a la fecha se ha hecho cada vez más notorio el impacto de la concurrida afluencia en el entorno directo del cine. Entre los impactos más evidentes y recurrentes está la usurpación (uso sin permiso de los dueños) de los estacionamientos de las casas particulares de los alrededores, con todos los perjuicios para los vecinos y los usuarios. A saber, obstaculizar el acceso de los propietarios a sus residencias, el aumento de merodeadores, el aumento de los hurtos a personas y vehículos estacionados (esto está respaldado por informes de carabineros), discusiones entre propietarios de vehiculos y residentes. Todo lo anterior como resultado del insuficiente número de estacionamientos del cine, en relación a su capacidad de acoger público en sus salas.



Es así que solicitamos a ustedes una reunión para tratar estos temas que aquejan a nuestra comunidad, que también es la de ustedes. Creemos que además de convertirse en un permanente conflicto, el cine puede ser parte de la solución. Entre los temas que nos interesa tratar están: la socialización y el uso de la bicicletas, proponemos la llegada al cine en el metro, la búsqueda de nuevos estaionamientos de uso exclusivo del cine y el diseño de un plan de prevención de la delincuencia, que ha recrudecido notoriamente en nuestra junta vecinal asosiada al robo de vehículos.



Esperando una favorable acogida de la presente y atento a sus noticias, les saludan atentamente,



Diego Martínez, Presidente Junta Vecinal Nº4 , Ossa-Tobalaba

Francisco Olea, Concejal de La Reina

Catalina Moya, “Agrupación Defendamos La Reina”

jueves 12 de noviembre de 2009

Institucionalidad ambiental



El Senado estableció que en la etapa de diseño de los proyectos de evaluación ambiental estratégica, se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado, vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con ellos, a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas involucradas en los proyectos afectados por la política o plan.



Se agrega que este tipo de evaluación deberá tener una forma de publicidad que deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia los afectados y la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y efectos de de la política o plan, así como de su reformulación posterior.



En la resolución en que se apruebe la política o plan, se deberán considerar asimismo los indicadores de seguimiento, destinados a controlar su eficacia y los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para su reformulación en el mediano o largo plazo.



Una comisión interministerial o el Director Ejecutivo deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad que se somete al Sistema de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente.



Dicho informe deberá contener los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto. Incumplir estos pasos se considerará un vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental.



Se establece además que los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que ellos se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal.



Pronunciamiento de autoridades locales



La Comisión interministerial deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional y a las municipalidades del área de influencia del proyecto, para que señalen si este se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.



Se dispone asimismo que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se iniciará con una verificación rigurosa del tipo de proyecto y la vía de evaluación que debe seguir, con el objetivo de que no existan errores administrativos en el proceso de admisión a trámite de un proyecto.



Participación ciudadana



El proyecto también aborda la participación ciudadana, disponiendo que las


Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.



Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, ésta es objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental.



El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en la página web del servicio con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto.



Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones no hayan sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental, podrá presentar recurso de reclamación, el que no suspenderá los efectos de la resolución.



Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación.



En tanto, la participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas.



Los proponentes deberán anunciar mediante avisos a su cargo, en medios de radiodifusión de alcance local, la presentación del Estudio o Declaración, el lugar en que se encuentran los antecedentes y el plazo para realizar observaciones.



Miércoles 11 de noviembre de 2009